La reciente decisión del Ministro de Defensa, Luis Petri, en dar de baja a 23 militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura argentina ha desatado una fuerte controversia. Organizaciones como la Unión de Promociones, que agrupa a militares retirados, han manifestado su profundo malestar y han solicitado formalmente al ministro que revierta esta medida y busque una solución para detener los juicios en curso. Argumentan que estos procesos judiciales son injustos y que los condenados no deberían ser expulsados de la fuerza, sintiéndose traicionados por el actual gobierno al que aparentemente veían como más comprensivo con su postura.
A este reclamo se ha sumado la voz de María Eugenia Talerico, ex funcionaria de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien ha expresado públicamente su desacuerdo con los juicios por crímenes de lesa humanidad. Talerico sostiene que en estos procesos se han vulnerado principios legales fundamentales y aboga por la liberación de los condenados, sugiriendo que la justicia federal debería priorizar la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Su involucramiento intensifica el debate y añade presión al gobierno para reconsiderar su política en relación con estos casos.
El trasfondo de esta polémica se remonta a la formación de la UP como reacción a la reapertura de las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. El artículo menciona ejemplos concretos, como el homenaje en el Senado a Horacio Losito y la situación de Guillermo Viola, detenido por su participación en la masacre de la calle Corro, ilustrando la complejidad y la sensibilidad de este tema en la sociedad argentina. La controversia expone las profundas divisiones existentes en torno a la justicia por los crímenes del pasado y el rol de las Fuerzas Armadas en ese contexto.
