La implementación del nuevo sistema acusatorio en Comodoro Py, prevista para agosto, expone el colapso estructural y funcional del Poder Judicial argentino. Aunque el Gobierno de Javier Milei asegura que los fondos están disponibles, desde los tribunales federales advierten que la realidad es crítica: edificios en ruinas, cableado obsoleto, faltantes graves de jueces y personal, y una infraestructura incapaz de sostener una reforma de esta magnitud.
El deterioro judicial no es nuevo, pero ahora se agrava por disputas políticas internas, improvisaciones del Ejecutivo y un desinterés evidente por fortalecer una Justicia que funcione para la sociedad. El recorte del 32% al presupuesto solicitado por la Corte Suprema para implementar el nuevo sistema es una señal clara del desdén institucional que sufre uno de los poderes clave del Estado.
Mientras tanto, crecen los rumores de fusiones forzadas de fueros, maniobras de poder y decisiones que el Ejecutivo pretende imponer por decreto, saltándose la intervención del Congreso. La Justicia parece atrapada entre la motosierra del ajuste, la licuadora del desfinanciamiento y los intereses cruzados de una dirigencia política más preocupada por su control que por su funcionamiento.
Frente a este escenario, lo que debería ser una modernización judicial se convierte en otro síntoma del fracaso sistémico. El colapso de Comodoro Py no es solo edilicio: es también moral y político. Y nadie parece dispuesto a responder por eso.
