El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la visita oficial del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a la Casa Blanca, propuso deportar a algunos ciudadanos estadounidenses violentos a El Salvador. Esta medida, que generó preocupación entre defensores de derechos civiles, implicaría enviar a ciudadanos naturalizados y nacidos en EE.UU. a cárceles salvadoreñas bajo un acuerdo bilateral. Trump afirmó que la iniciativa se llevaría a cabo solo si se determina su legalidad, aunque no detalló el proceso judicial que seguirían estos ciudadanos.
Esta propuesta se produce después de que la administración Trump deportara a cientos de migrantes acusados de vínculos criminales a El Salvador, incluyendo al salvadoreño-estadounidense Kilmar Abrego García, a pesar de una orden judicial que impedía su expulsión. El presidente Bukele se ha negado a devolver a Abrego García a EE.UU., calificándolo de “terrorista” sin presentar pruebas. Además, Trump ha elogiado la relación con Bukele, refiriéndose a él como el “dictador más genial del mundo”.
La administración Trump ha estado explorando medidas legales para facilitar la deportación de ciudadanos estadounidenses a El Salvador, incluyendo la invocación de leyes antiguas como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley, originalmente diseñada para tiempos de guerra, ha sido utilizada para justificar la expulsión de migrantes, generando controversia sobre su aplicación en el contexto actual. El gobierno de EE.UU. ha pagado $6 millones a El Salvador para albergar a aproximadamente 300 presuntos miembros de pandillas, destacando la cooperación entre ambos países en materia de deportaciones. 
Expertos legales advierten que la propuesta de deportar a ciudadanos estadounidenses a El Salvador podría ser inconstitucional, ya que la ley prohíbe la expatriación involuntaria de ciudadanos. Además, la falta de un proceso judicial adecuado y la posibilidad de que enfrenten condiciones carcelarias cuestionables en El Salvador añaden complejidad y preocupación a la iniciativa. A pesar de las críticas y desafíos legales, la administración Trump continúa evaluando la viabilidad de esta propuesta, mientras mantiene una relación cercana con el gobierno de Bukele.
