La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado un paro general para el 10 de abril, siendo este el tercero desde que Javier Milei asumió la presidencia. Durante esta jornada, se suspenderán los servicios de subtes, trenes, vuelos y camiones, pero los colectivos continuarán operando con normalidad. Esta medida de protesta surge en un contexto de despidos masivos en los sectores público y privado, una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios, represión a las manifestaciones sociales y un nuevo ciclo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La razón por la que los colectivos funcionarán durante el paro se debe a la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de transporte público. A pesar de tener un conflicto salarial con los empresarios y la Secretaría de Trabajo, que limita los aumentos salariales, la UTA ha decidido acatar la conciliación obligatoria impuesta por el gobierno. Esta medida impide que se realicen paros durante un período de 15 días, lo que significa que no se sumarán a la huelga del 10 de abril.
Además, el gobierno ha mostrado interés en mantener la operatividad de los colectivos, incluso presionando a la UTA para que no participe en el paro. Recientemente, se oficializó la baja de la obra social de los conductores, una solicitud hecha por la propia UTA por razones económicas. Esta situación refleja la complejidad de las relaciones laborales en el país, donde las presiones gubernamentales y las necesidades de los trabajadores se entrelazan en un contexto de crisis económica.
