El Gobierno Nacional está avanzando en la implementación del autodespacho de combustibles en las estaciones de servicio, como parte de un proceso de desregulación. La Resolución 147/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial, permite a las estaciones ofrecer esta modalidad sin necesidad de autorización previa, siempre que cumplan con ciertos requisitos técnicos y de seguridad. Aunque algunos ven esto como un paso hacia la modernización del sector, también surgen preocupaciones sobre el impacto que tendrá en el empleo y la seguridad, dado que la falta de un control riguroso podría aumentar los riesgos inherentes a esta actividad.
El autodespacho será opcional para las estaciones, que podrán elegir entre diferentes modalidades: un sistema total donde el cliente se encarga de cargar el combustible, uno simultáneo que combina autodespacho y servicio tradicional, y otro alternado que variará según el horario. Aunque esta flexibilidad puede parecer beneficiosa, la ausencia de supervisión directa podría dar lugar a inconsistencias en los controles de calidad y seguridad, lo que podría comprometer la integridad del servicio.
Uno de los principales temores asociados a esta medida es su posible efecto negativo en el empleo. Al permitir que los clientes realicen la carga de combustible, se corre el riesgo de reducir la cantidad de puestos de trabajo en un sector que ya enfrenta dificultades económicas. Aunque se argumenta que el autodespacho podría mejorar la eficiencia del servicio, el contexto de alta informalidad laboral hace que el riesgo de desempleo sea una preocupación significativa. En términos de seguridad, aunque se han establecido ciertas condiciones, como la instalación de dispositivos de corte de emergencia, no está claro si estas medidas serán suficientes para prevenir accidentes o situaciones de violencia en las estaciones de servicio.
