La paridad de fuerzas en la Cámara de Diputados amenaza con paralizar la investigación sobre el criptoescándalo. El oficialismo y sus aliados maniobraron para evitar que avance una causa clave.
La Comisión Investigadora del escándalo financiero conocido como caso $Libra —una estafa millonaria vinculada al uso fraudulento de criptomonedas— ya tiene conformación oficial: estará integrada por 28 diputados. Sin embargo, lejos de garantizar transparencia, el diseño de la comisión revela una estrategia clara del oficialismo para obstaculizar la investigación desde el minuto cero.
Con una paridad quirúrgica de 14 diputados por lado, el equilibrio de fuerzas amenaza con inmovilizar por completo a la comisión. El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza y sus aliados, articuló una jugada parlamentaria para lograr un empate perfecto que les permita bloquear cualquier decisión incómoda. El primer encuentro está previsto para el 23 de abril, pero el escenario ya anticipa una parálisis funcional.
La ingeniería política detrás de esta maniobra fue evidente: La Libertad Avanza improvisó dos nuevos interbloques para sumar bancas propias, mientras que sectores del radicalismo se reconfiguraron para mantener cuota de poder. La oposición, por su parte, también movió piezas para sostener presencia, cediendo lugares clave a la izquierda y otros espacios afines.
La composición de la comisión expone la fragilidad del sistema legislativo frente a los intereses del oficialismo. Entre sus 28 miembros, figuran nombres clave de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros espacios opositores, decididos a avanzar con la investigación. Del otro lado, una alianza entre La Libertad Avanza, el PRO-MID, Innovación Federal y la llamada “Liga del Interior” —los autodenominados “radicales con peluca”— intenta consolidar una muralla defensiva para blindar al Ejecutivo.
Aunque el empate formal es evidente, fuentes parlamentarias no descartan movimientos sorpresivos. El voto dividido de bloques como Innovación Federal podría romper la paridad. Sin embargo, en un contexto donde el Gobierno busca reformar la ley de coparticipación, algunos gobernadores podrían ceder a las presiones del Ejecutivo.
Lejos de garantizar justicia y rendición de cuentas, el armado de esta comisión parece tener un único objetivo: dilatar, embarrar y eventualmente desactivar una investigación que podría incomodar al oficialismo. La pregunta no es si habrá avances, sino cuánto está dispuesto a hacer el Gobierno para que no los haya.
