La reforma laboral impulsada por Federico Sturzenegger, que prometía transformar el sistema indemnizatorio, se ha convertido en un rotundo fracaso. Pese a su venta como una solución innovadora, el nuevo régimen de fondos de cese laboral, que reemplazaba las indemnizaciones, no ha logrado captar el interés ni de las cámaras empresarias ni de los sindicatos. A diez meses de su sanción, ni siquiera los gremios que inicialmente mostraron predisposición, como el de Comercio o el gastronómico, se sumaron al sistema.
Las razones del fracaso son claras: se trata de un mecanismo costoso, inseguro y mal diseñado, alejado de la realidad de las relaciones laborales cotidianas. Además, el modelo, basado en el ejemplo de la construcción, carece de respaldo en la Justicia laboral y no logró superar las críticas tanto del sector privado como de los propios funcionarios encargados de implementarlo. El sistema de “fondo de cese” no resolvía realmente los problemas de los despidos, ya que no diferencian entre causas justificadas o injustificadas. En lugar de facilitar la resolución de conflictos, amenaza con generar más burocracia y un riesgo innecesario de doble imposición.
Sturzenegger, al igual que Milei, intentó vender la reforma como una solución equilibrada que beneficiaría a ambos lados: empleadores y trabajadores. Sin embargo, la falta de consenso y el desinterés generalizado han dejado claro que este modelo fue impuesto sin considerar las necesidades reales del mercado laboral argentino. La reforma, lejos de modernizar, ha sido otro ejemplo de la desconexión entre la teoría del gobierno libertario y la realidad de los sectores afectados.
