En la antesala de una nueva marcha de jubilados, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires decidió revocar una medida del juez Roberto Gallardo que limitaba la actuación de las fuerzas federales en el área. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya había anunciado su intención de implementar un protocolo antipiquetes para controlar las protestas. A pesar de la decisión judicial, los sindicatos de la CGT han manifestado su determinación de marchar, sin importar las restricciones que se impongan.
El conflicto judicial comenzó cuando Alejandro Gramajo, junto a otros representantes de la CGT, solicitó que las fuerzas de seguridad no intervinieran en la Ciudad para proteger la libertad de expresión. El juez Gallardo había fallado a favor de esta solicitud, argumentando que la Policía de la Ciudad debía encargarse de la seguridad, pero el gobierno local apeló y logró revertir la decisión. Bullrich, enojada por el fallo, presentó un pedido de juicio político contra Gallardo, acusándolo de exceder sus competencias y de manipular el sistema judicial.
En medio de este clima tenso, Bullrich defendió su enfoque represivo, argumentando que los operativos de seguridad dependen del tamaño de las manifestaciones. Afirmó que su objetivo es garantizar la circulación en la ciudad y que los paros generales son una práctica que debería erradicarse. Sin embargo, la represión de una reciente protesta dejó a un fotoperiodista gravemente herido, lo que ha llevado a críticas sobre la desproporción de la respuesta del gobierno y ha intensificado el llamado a un paro general por parte de la CGT.
