El vaciamiento empresarial de Vicentin sigue profundizando su impacto sobre la clase trabajadora. La empresa agroexportadora, símbolo de los negocios especulativos y el endeudamiento fraudulento, decidió paralizar sus plantas en Avellaneda y Ricardone, dejando en la incertidumbre a más de 1.300 trabajadores directos y alrededor de 4.000 puestos de trabajo indirectos.
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), Daniel Succi, denunció públicamente que la firma comunicó que no podrá pagar los salarios de marzo. “Esto fue un robo”, afirmó, refiriéndose al saqueo empresarial perpetrado por los directivos de la firma, varios de los cuales hoy enfrentan causas penales. Sin embargo, mientras la justicia avanza lentamente, son los trabajadores quienes deben soportar las consecuencias de una estafa que no cometieron.
La interrupción de las operaciones, sumada a la imposibilidad de conseguir nuevos contratos de fasón, responde también a la falta de garantías por parte del Poder Judicial, que no resuelve el futuro de la empresa. En lugar de intervenir la compañía para resguardar los puestos de trabajo, el sistema judicial se mantiene al margen, priorizando el “derecho a la propiedad” de quienes ya la utilizaron como instrumento para enriquecerse ilícitamente.
“La medida de fuerza está a flor de piel”, advirtió Succi, dejando en claro que el conflicto podría escalar si no se garantizan los derechos básicos de los trabajadores. Frente a la pasividad estatal y judicial, crece el reclamo por una salida que ponga en el centro los intereses de quienes verdaderamente sostienen la producción: los obreros y obreras de Vicentin.
Desde sectores sindicales y de izquierda se plantea que la única salida justa es la estatización bajo control obrero, para evitar que una nueva quiebra fraudulenta deje a miles de familias en la calle mientras los responsables se retiran impunes.
