Mientras en Argentina se desarrolla un paro general contra el ajuste económico, en Perú los transportistas urbanos paralizan Lima y Callao con reclamos que van desde la inseguridad hasta la falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo. El conflicto refleja una creciente tensión social en la región, con sectores laborales que denuncian el abandono estatal en temas clave como la seguridad ciudadana, la informalidad y el encarecimiento del transporte.
El paro en Perú se desarrolla en un contexto de fuerte presencia policial. Más de 10 mil agentes fueron desplegados por el Ministerio del Interior para garantizar la libre circulación y evitar bloqueos. El ministro del Interior, Walter Ortiz Díaz supervisó personalmente los operativos, asegurando que el Estado no permitirá el caos. Sin embargo, los gremios de transportistas aseguran que el verdadero caos es el que enfrentan a diario: extorsiones, asaltos y amenazas de mafias que operan con total impunidad.
Los gremios de transporte urbano en Perú convocaron al paro del 10 de abril como respuesta al incremento de la inseguridad en las rutas y a la falta de acción por parte del Estado frente a las extorsiones, asaltos y amenazas que sufren a diario. Denuncian que el crimen organizado ha ganado terreno en Lima y Callao, afectando tanto a conductores como a pasajeros, sin que el gobierno haya implementado soluciones efectivas. La medida también busca visibilizar el abandono estructural del sector, que arrastra problemas de informalidad, falta de subsidios y normativas poco claras.
El paro afecta a miles de usuarios del transporte público. A pesar de no haberse producido cortes masivos, la incertidumbre se instaló desde temprano en las principales avenidas de la capital peruana. El paro no solo visibiliza el reclamo de los conductores, sino también el hartazgo de una ciudadanía que ya no tolera más la precariedad de los servicios y la inacción del Estado. Al igual que en Argentina, la protesta interpela directamente al poder político y expone una crisis más profunda: la desconexión entre los gobiernos y las necesidades reales de la población.
