En pleno paro general convocado por la CGT, que tuvo una adhesión masiva en distintos puntos del país, el Gobierno de Javier Milei eligió responder con desdén y provocaciones. Lejos de abrir canales de diálogo, el presidente reunió a su gabinete en Casa Rosada y celebró, a través de redes sociales, la supuesta “liberación” de trabajadores frente a los sindicatos, a los que calificó de “sindigarcas”. La puesta en escena incluyó fotos sonrientes, gorras con slogans y un mensaje claro: deslegitimar el reclamo social.
Mientras hospitales, escuelas, transporte y organismos públicos funcionaban con servicios mínimos o directamente paralizados, el oficialismo apostó a profundizar la confrontación. Desde cuentas oficiales se compartieron frases como “hoy trabaja el que quiere”, reforzando una narrativa individualista que desconoce las condiciones reales del mundo laboral argentino: precarización, salarios de miseria y pérdida de derechos.
La estrategia del Gobierno no solo busca debilitar a los sindicatos, sino instalar un sentido común donde la protesta es presentada como una traba al “progreso”. Sin embargo, la masividad de la medida expuso un dato ineludible: el ajuste salvaje que impulsa Milei impacta de lleno en los sectores populares y trabajadores. Lejos de acallar las demandas, la provocación oficialista podría terminar alimentando aún más el conflicto social.
Mientras tanto, el presidente se encierra en una burbuja discursiva cada vez más alejada de la realidad cotidiana. En lugar de escuchar el reclamo de millones, prefiere ridiculizarlo. Pero el silencio de las calles también habla: no se trata solo de sindicalistas, sino de una sociedad que ya empieza a perder la paciencia.
