Según el informe anual de Amnistía Internacional, en 2024 se registraron 1.518 ejecuciones en todo el mundo, lo que representa un incremento del 32% respecto al año anterior y la cifra más alta desde 2015.
Irán encabeza la lista con 972 ejecuciones, un aumento del 14% en comparación con 2023. Preocupa especialmente que el 52% de estas ejecuciones estén relacionadas con delitos de drogas, lo que contraviene el derecho internacional que limita la pena de muerte a los “delitos más graves”. Además, se reportó la ejecución de 30 mujeres en este país.
Arabia Saudita duplicó sus ejecuciones, alcanzando 345 casos, mientras que Irak cuadruplicó su cifra a 63, todas por delitos de terrorismo. Estas prácticas también violan las normas internacionales que restringen el uso de la pena capital.
Aunque se estima que China lleva a cabo miles de ejecuciones, la falta de transparencia impide obtener cifras precisas, lo que genera inquietud sobre la magnitud real de la pena de muerte en el país.
En contraste, Bangladesh no registró ejecuciones por primera vez desde 2018, y en África subsahariana se observaron progresos, como la abolición parcial de la pena de muerte en Zimbabue. Sin embargo, países como República Democrática del Congo, Burkina Faso y Nigeria presentan retrocesos en esta materia.
Amnistía Internacional destaca que 145 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Sin embargo, advierte sobre regresiones en algunos países, especialmente en Estados Unidos, donde las ejecuciones estatales aumentaron pese a esfuerzos federales por reducirlas. La organización insta a los gobiernos a establecer una moratoria de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición total de la pena capital.
