Ni siquiera la Pascua fue una pausa en la ofensiva negacionista que impulsa el gobierno de Javier Milei. En un nuevo gesto de provocación, la cuenta oficial de Casa Rosada publicó un video protagonizado por el obispo castrense Santiago Olivera, una figura conocida por su defensa pública de represores condenados por delitos de lesa humanidad. El mensaje —supuestamente religioso— fue difundido como saludo pascual, pero funcionó, en los hechos, como una nueva legitimación del discurso que busca relativizar y hasta justificar el accionar criminal de la última dictadura militar.
No se trata de un hecho aislado. Desde su asunción, la gestión libertaria ha dado señales claras de su voluntad por desmantelar las políticas de memoria, verdad y justicia que Argentina consolidó durante cuatro décadas. La reivindicación indirecta —y a veces explícita— de los responsables del terrorismo de Estado se ha convertido en una estrategia discursiva sistemática que combina revisionismo histórico, desfinanciamiento institucional y gestos simbólicos cargados de intención política.
Un mensaje de Pascua con aroma a reivindicación
El video difundido por la Casa Rosada este domingo presentó a Olivera hablando sobre la resurrección de Cristo. Pero más allá de la liturgia, lo relevante es quién lo dice y desde qué lugar. Olivera es un viejo conocido del circuito negacionista. En numerosas entrevistas ha defendido a militares condenados por secuestros, torturas, asesinatos y robo de bebés, refiriéndose a ellos como “gente valiosa” que fue “demonizada injustamente”. En su visión, las condenas a represores son una “vergüenza para la república”.
El hecho de que la Presidencia lo elija como voz oficial para una festividad masiva como la Pascua no es ingenuo. Es un guiño claro a una parte del electorado que avala esa mirada revisionista, y una forma de profundizar la narrativa que equipara terrorismo de Estado con la violencia de las organizaciones armadas, bajo el ya desacreditado paraguas de la “teoría de los dos demonios”.
Desmantelamiento sistemático de la política de derechos humanos
Más allá de lo simbólico, la política negacionista del oficialismo tiene consecuencias concretas. En diciembre de 2024, el gobierno cerró el Centro Cultural Haroldo Conti, ícono de la memoria ubicado en la ex ESMA. En paralelo, se redujo en un 90% el presupuesto destinado a espacios de memoria y para 2025 directamente no se prevé financiamiento alguno.
Esta avanzada incluye también el impago de salarios a los trabajadores de esos espacios, bajo el pretexto de “auditorías” que funcionan como excusa para paralizar su funcionamiento. El objetivo parece claro: asfixiar los sitios de memoria por inanición presupuestaria, eliminar su presencia en la agenda pública y relativizar el consenso social construido en torno al “Nunca Más”.
Villarruel, Olivera y el negacionismo con poder
Victoria Villarruel, vicepresidenta y principal aliada de Olivera, es la cara más visible de esta embestida. Su militancia en defensa de represores, desde el CELTYV, es conocida y sostenida desde hace años. El vínculo entre ambos se cimentó en misas y espacios castrenses, pero hoy cuenta con respaldo institucional: en diciembre, Olivera fue recibido en el Senado por Villarruel como un gesto de legitimación mutua.
Pero no es solo Villarruel. A pesar de sus diferencias internas, La Libertad Avanza cierra filas cuando se trata de defender el accionar de la dictadura. Las visitas de diputados libertarios a represores en el penal de Ezeiza, o los proyectos de ley para limitar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, son parte de una agenda común. Una agenda que busca reescribir la historia a favor de los responsables del genocidio.
Negacionismo sin disimulo
El discurso de Olivera, como el de muchos voceros del oficialismo, no es accidental. La apelación a una “historia completa” o a una supuesta “mirada equilibrada” sobre el pasado reciente es una operación retórica destinada a blanquear lo que fue un plan sistemático de exterminio. Y al hacerlo desde el Estado —con recursos públicos y plataformas oficiales—, el gobierno de Milei convierte el negacionismo en política pública.
Las consecuencias de esta deriva no son solo simbólicas. Atentan contra los pactos democráticos básicos, lesionan el lugar central que ocupó Argentina en el mundo por su política de derechos humanos, y envían un mensaje preocupante sobre qué tipo de sociedad se quiere construir desde el poder.
Una memoria incómoda para el nuevo poder
Lo que está en juego es más que una disputa sobre el pasado. Es una lucha por el presente y el futuro. La memoria, lejos de ser una reliquia del pasado, es una herramienta viva que interpela al poder. Por eso molesta, por eso quieren borrarla.
La insistencia en legitimar a quienes participaron del terrorismo de Estado no es una torpeza comunicacional ni una distracción: es una elección política. Y como tal, merece ser señalada, debatida y resistida.
