El Gobierno nacional avanza con el desalojo de una cooperativa de comunicación que trabaja hace más de ocho años en el ex centro clandestino de detención Virrey Cevallos. Referentes de derechos humanos denuncian un nuevo atropello del oficialismo contra la memoria colectiva y la libertad de expresión.
En línea con su política de ajuste brutal y su visión regresiva sobre el rol del Estado, el gobierno de Javier Milei ahora apunta contra un sitio emblemático para los derechos humanos: el Espacio para la Memoria “Virrey Cevallos”. Allí funciona, desde hace casi una década, la cooperativa de comunicación El Grito del Sur, que ahora enfrenta un proceso de desalojo impulsado directamente por la administración libertaria.
Una amenaza directa a la memoria, la cultura y la libertad de prensa
Según denunciaron desde la cooperativa, la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de La Libertad Avanza envió amenazas en tono intimidatorio a editores y periodistas para que abandonen el espacio. El objetivo no parece ser otro que vaciar de participación los sitios de memoria y allanar el camino para su cierre o su resignificación bajo una lógica negacionista.
“Quieren expulsarnos para vaciar el espacio y cerrarlo más fácilmente”, alertaron desde El Grito del Sur en un comunicado.
El edificio en cuestión no es cualquier lugar. Fue un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar, operado por un grupo de tareas del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Allí, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, hoy se desarrollan actividades culturales, comunicacionales y educativas orientadas a mantener viva la memoria y promover los derechos humanos.
La motosierra también va contra la memoria colectiva
El accionar del gobierno se inscribe en una ofensiva más amplia contra los sitios de memoria, organismos de derechos humanos y toda forma de cultura crítica. La Ley 26.691, que regula estos espacios, establece que su función es precisamente “la promoción y difusión de actividades educativas y de investigación sobre los derechos humanos y su vínculo con el territorio”. Sin embargo, Milei y sus funcionarios parecen ignorar deliberadamente esta normativa, en nombre de una visión mercantilista y negadora de la historia reciente.
“Esto no es solo un ataque a un medio. Es un intento por borrar la memoria activa del pueblo argentino“, señalaron integrantes del espacio.
El respaldo de las Madres: “La memoria es nuestra”
Ante este atropello, las Madres de Plaza de Mayo salieron en defensa de la cooperativa y del espacio:
“La memoria es nuestra: no al desalojo”, afirmaron en un comunicado.
Recordaron también el momento histórico en que el expresidente Néstor Kirchner le quitó la ESMA a la Armada y la transformó en un Espacio para la Memoria, en un gesto que marcó una política de Estado: llevar vida donde hubo muerte, arte donde hubo tortura, y verdad donde reinó el silencio.
“Nos llena de orgullo que otros colectivos sigan ese legado”, escribieron, en referencia a la labor de El Grito del Sur.
¿Libertad o represión simbólica?
Mientras el discurso libertario se llena la boca hablando de “libertad de expresión”, la gestión de Milei avanza con políticas que acallan voces críticas, atacan a la cultura y persiguen medios autogestivos. El intento de desalojo de El Grito del Sur no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva sistemática para borrar la memoria activa, desmantelar las políticas públicas de derechos humanos y silenciar cualquier relato que incomode al poder.
🧠 Reflexión final
La motosierra de Milei no solo recorta presupuestos: recorta historia, derechos y democracia. Expulsar a una cooperativa de un sitio de memoria no es un simple trámite administrativo: es un acto de violencia simbólica, una decisión política con consecuencias reales. Si el gobierno dice defender la libertad, debería empezar por respetar la libertad de expresión, la verdad histórica y la memoria de un pueblo que todavía lucha por justicia.
