El Gobierno de Javier Milei volvió a confrontar con los trabajadores estatales al descalificar el paro nacional impulsado por ATE en el sector de la salud pública. Lejos de abrir una instancia de diálogo, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó la medida de fuerza como “injustificada” y aseguró que “no hay excusas” para la protesta, a pesar del deterioro de las condiciones laborales denunciado por los gremios.
La protesta, que afecta hospitales nacionales y organismos descentralizados, responde a la reducción de personal, la falta de insumos básicos y la precarización de los contratos, profundizados desde la llegada de La Libertad Avanza al poder. Sin embargo, desde el Ejecutivo se insiste en negar la legitimidad del reclamo, priorizando el ajuste fiscal por sobre el funcionamiento del sistema de salud.
ATE denunció además el cierre de áreas completas en centros médicos clave, y alertó que la situación pone en riesgo la atención de miles de personas. “No es ideología, es supervivencia”, dijeron referentes sindicales, que rechazaron el intento oficial de deslegitimar el conflicto bajo el argumento de “politización”.
Mientras el Gobierno responde con slogans y desprecio hacia los trabajadores del sector público, la crisis en hospitales y centros de salud se profundiza. En lugar de atender las advertencias de quienes sostienen la salud pública, la administración Milei opta por negar la realidad y reforzar su narrativa antiestado.
