¿La Corte busca proscribir a Cristina Kirchner? El fallo que puede redefinir la democracia argentina

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El kirchnerismo se declara en alerta por un fallo inminente de la Corte Suprema en la causa Vialidad

El clima político argentino vuelve a cargarse de tensión ante versiones que indican que la Corte Suprema de Justicia estaría a punto de confirmar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en un fallo que podría excluirla definitivamente de las próximas elecciones. Desde el Instituto Patria, dirigentes del kirchnerismo advierten que se trata de una proscripción política encubierta que amenaza las bases mismas del sistema democrático argentino.

“Si se ratifica la condena, se termina la democracia que supimos construir desde 1983”, afirman desde el entorno de la expresidenta.

Causa Vialidad: ¿fallo jurídico o decisión política?

La causa Vialidad investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. En noviembre de 2024, el Tribunal Oral Federal N.º 2 dictó una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, luego ratificada por la Cámara de Casación Penal. El caso llegó ahora a la Corte, que podría:

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  • Rechazar el recurso y dejar firme la condena,
  • Aceptar el pedido de la fiscalía y agravar la pena,
  • O abrir el expediente para una revisión integral.

Pero el contexto político ha acelerado los tiempos: tras el anuncio de CFK como candidata a legisladora bonaerense, crecen las sospechas de que el máximo tribunal buscaría inhabilitarla antes del cierre de listas.

El Instituto Patria se moviliza: “Esto no es por Cristina, es por la democracia”

En respuesta, el kirchnerismo convocó para este lunes una reunión de emergencia en el Instituto Patria. Participan legisladores, sindicatos, organizaciones sociales y militantes. También se prepara un acto conmemorativo en el PJ nacional por los 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, símbolo histórico de la persecución política en la Argentina.

“No es un problema personal. Es el intento de clausurar la representación popular por vía judicial”, aseguran los organizadores.

El debate ya no gira sólo en torno a la figura de Cristina Kirchner, sino sobre la legitimidad de las instituciones democráticas y la posibilidad de que se repita una historia de proscripción política como la vivida durante la llamada Revolución Libertadora en 1955.

Lawfare en Argentina: el rol del Poder Judicial como actor político

El caso se inscribe en una lógica más amplia de judicialización de la política, fenómeno denunciado como lawfare: una estrategia de persecución legal contra líderes populares para excluirlos del juego electoral. Según voces cercanas a CFK, Mauricio Macri, Javier Milei y los grupos económicos concentrados estarían detrás de la avanzada judicial.

“Lo que no pudieron hacer con el Congreso ni con los votos, ahora lo intentan con la Corte”, denuncian.

Esta mecánica ya se vio en América Latina con figuras como Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, donde la justicia fue utilizada como herramienta de disciplinamiento y neutralización política.

Reacciones divididas en el oficialismo y tensión con los gobernadores

Desde la Casa Rosada aseguran que no desean ver presa a Cristina y que preferirían competir con ella en las urnas. Pero desde el kirchnerismo desconfían: “Son hipócritas. Si no la temieran, no buscarían proscribirla”.

Por su parte, los gobernadores peronistas brillan por su ausencia en la reunión del Patria. CFK ya los había criticado duramente por su falta de protagonismo nacional. También se mantiene en duda la presencia de Axel Kicillof, con quien la relación permanece tensa.

¿Proscripción o legitimidad democrática? Lo que está en juego

Lo que se define en las próximas horas no es sólo la suerte judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que está en juego es el derecho de los argentinos a elegir libremente a sus representantes, sin vetos encubiertos ni maniobras institucionales.

La historia argentina ya vivió las consecuencias de prohibir al adversario político en lugar de enfrentarlo en las urnas. La pregunta que queda flotando es clara:
¿Puede sobrevivir la democracia si se judicializa la política al punto de excluir a una de sus figuras centrales?

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