La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una recusación formal contra el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, acusándolo de parcialidad en el proceso que podría dejarla fuera de la contienda electoral. El trasfondo de esta maniobra judicial no solo expone las irregularidades del caso Vialidad, sino que también revela una disputa de poder entre el máximo tribunal, el oficialismo y la principal figura opositora del peronismo.
¿Por qué CFK recusó a Lorenzetti?
La defensa de Cristina Kirchner —a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy— cuestionó las declaraciones públicas de Lorenzetti, quien en una entrevista televisiva sugirió que la Corte debería resolver la causa Vialidad antes del receso judicial de julio. Para el kirchnerismo, esto implicaría una jugada política directa: confirmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para evitar que la exmandataria compita en las elecciones de octubre.
Según CFK, las declaraciones de Lorenzetti ratifican lo que antes circulaba como advertencias “en off” publicadas en Clarín, que vinculaban el avance de la causa con la suerte del pliego de Ariel Lijo en el Senado. La senadora Anabel Fernández Sagasti incluso denunció en el recinto presiones directas del magistrado.
El contexto: Justicia y política, otra vez entrelazadas
Lo que está en juego no es solo el futuro penal de Cristina Kirchner, sino la legitimidad del máximo tribunal como actor imparcial del sistema institucional. La recusación apunta directamente al corazón de una Corte Suprema que ha sido acusada de actuar en sintonía con los intereses del expresidente Mauricio Macri, quien promovió abiertamente la causa contra CFK. La defensa menciona múltiples encuentros de jueces con Macri, incluso en espacios informales como canchas de tenis o quintas privadas.
A esto se suma un nuevo dato: reuniones privadas entre Lorenzetti y el presidente Javier Milei, quien desde su llegada al poder ha intentado influir en el Poder Judicial promoviendo jueces afines como Lijo. Para el kirchnerismo, esa cercanía socava aún más la neutralidad del juez.
Las anomalías de la causa Vialidad
La causa por supuesta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, conocida como “Vialidad”, acumula irregularidades desde su origen. El juicio oral comenzó sin peritajes concluidos, se incorporaron pruebas fuera del proceso y la defensa de CFK denunció que no pudo responder a evidencias clave.
Más grave aún: jueces y fiscales involucrados en la causa mantuvieron contactos personales con el expresidente Macri, mientras otros habrían compartido partidos de fútbol con funcionarios judiciales en la quinta Los Abrojos. La Corte, en múltiples oportunidades, evitó pronunciarse sobre estas anomalías, con la promesa de hacerlo “cuando hubiera un fallo”. Ese momento es ahora.
La presión del calendario electoral
La fecha del fallo es tan importante como el contenido. El cierre de listas es a fines de julio y las elecciones legislativas bonaerenses se realizarán el 6 de septiembre. Si la Corte actúa antes y confirma la condena, CFK quedaría fuera. Si lo hace después de su eventual candidatura, entraría en juego su inmunidad parlamentaria.
La elección de la fecha por parte del tribunal, por tanto, no será meramente administrativa: será una señal política. ¿Buscará la Corte blindar su imagen institucional y revisar el fondo del expediente? ¿O acompañará el clima de época libertario, donde la figura de Cristina Kirchner sigue siendo funcional como antagonista?
¿Qué sigue?
En el corto plazo, la Corte deberá resolver si acepta o rechaza la recusación de Lorenzetti. Si hay disidencias internas, deberá convocarse a un conjuez. Paralelamente, el Procurador Interino, Eduardo Casal, debe dictaminar si respalda el pedido del fiscal Mario Villar, quien pretende aumentar la pena y utilizar la figura de asociación ilícita. Su opinión no es vinculante, pero sí influyente.
Mientras tanto, Cristina Kirchner mueve sus fichas legales y políticas con un objetivo claro: mantenerse en carrera. La respuesta de la Corte marcará no solo su futuro, sino también el grado de autonomía real del Poder Judicial frente al poder político en la Argentina de Milei.
