El episodio en el que una niña de diez años fue gaseada por un policía federal durante una protesta frente al Congreso se convirtió en un símbolo del uso excesivo de la fuerza en los operativos que impulsa Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad. Ahora, mientras el efectivo Cristian Rivaldi busca el sobreseimiento en la Justicia, el caso vuelve a poner en el centro del debate la legitimidad y los límites del protocolo antipiquetes oficializado por el gobierno de Javier Milei.
🚨 Un operativo represivo con consecuencias
El 11 de septiembre de 2024, Fabrizia Pegoraro y su madre se manifestaban pacíficamente contra el veto presidencial a un aumento mínimo para jubilados. Estaban sentadas sobre Avenida Rivadavia cuando un grupo de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) avanzó sobre los manifestantes. Cristian Rivaldi, uno de los efectivos, accionó su gas pimienta a centímetros del rostro de la niña, en una escena que quedó registrada en múltiples videos y desató una ola de indignación pública.
Pese a la contundencia de las imágenes, Rivaldi –procesado por abuso de autoridad y lesiones leves– ahora alega que no fue él, que el gas provino de manifestantes, que no vio a la menor y, más aún, que los daños los habrían causado quienes asistieron a la víctima. Una batería de excusas judiciales para zafar de responsabilidades, en línea con la defensa política que ensayó en su momento la ministra Bullrich.
📜 El protocolo antipiquetes: un marco legal impugnado
El accionar de Rivaldi fue ejecutado bajo el protocolo de orden público de Bullrich, oficializado en la resolución 943/23, que instruye a las fuerzas a “liberar calles” pero también advierte sobre la obligación de proteger especialmente a niños, mujeres y embarazadas. Ni siquiera esas pautas mínimas fueron cumplidas.
Además, el reglamento interno sobre uso de armas menos letales prohíbe su aplicación si no hay una amenaza directa. Fabrizia y su madre estaban sentadas, sin mostrar resistencia. El argumento del agente de que “no las vio” o que “no imaginó que había una menor” carece de sustento frente a lo que muestran las pruebas.
👩⚖️ Una Justicia que empieza a incomodar
El caso fue elevado a la Cámara Federal porteña, donde los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi deben decidir si confirman el procesamiento de Rivaldi. Aunque el Ministerio de Seguridad lo había respaldado inicialmente –incluso premiándolo con cargos en otros operativos–, en tribunales crece la percepción de que ahora lo dejaron solo, en un intento por evitar el costo político de un precedente que exhibe la crudeza de la doctrina represiva del oficialismo.
📢 ¿Estrategia judicial o cinismo institucional?
La defensa de Rivaldi se aferró a argumentos cada vez más insólitos: que su gas presurizado funcionó “fuera de control”, que pudo haber sido un camarógrafo el que arrojó gas, o incluso que la irritación de la niña fue causada por la leche que le aplicaron los socorristas para aliviarla. El absurdo alcanzó niveles grotescos, pero responde a una lógica: evitar que la causa siente jurisprudencia contra la represión a la protesta social.
⚖️ El protocolo en la mira
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional ya impulsan causas que cuestionan la constitucionalidad del protocolo de Bullrich. En el fuero contencioso administrativo federal, el juez Martín Cormick investiga si ese marco normativo viola garantías básicas de derechos humanos. El magistrado incluso participó en operativos para observar directamente el despliegue policial, lo que suma presión institucional sobre el Ministerio.
🧑🏫 Víctimas con nombre y rostro
A la par del caso de Fabrizia, otras víctimas de la represión en marchas recientes también se presentaron ante la Justicia. Uno es Matías Aufieri, abogado de derechos humanos que perdió un ojo por una bala de goma, y otro es Juan Spinetto, docente detenido durante las protestas contra la Ley Bases. Ambos testificaron esta semana, mientras crece la documentación de casos de violencia institucional sostenida por la narrativa de Bullrich de que “todo es subversión”.
🧩 Conclusión: una doctrina que no resiste los hechos
El caso de la niña gaseada deja en evidencia el fracaso del Gobierno en separar orden público de represión, y el riesgo de delegar a las fuerzas de seguridad un poder que se ejerce sin controles reales. Bullrich construyó una política de seguridad basada en la provocación y el castigo ejemplar, pero episodios como este muestran que el costo humano es demasiado alto y que la impunidad institucional tiene límites.
