En plena antesala de las elecciones legislativas de 2025, el Gobierno nacional reglamentó el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), un subsidio no reintegrable de hasta 3 millones de pesos destinado a los damnificados por las graves inundaciones ocurridas en Bahía Blanca el pasado 7 de marzo. Aunque la medida busca brindar asistencia directa a quienes perdieron sus hogares, también despierta lecturas políticas: ¿se trata de una respuesta humanitaria o de un movimiento táctico con fines electorales?
El subsidio SUR: una medida de emergencia con impacto económico directo
Formalizado mediante la Resolución 532/2025 del Ministerio de Seguridad, con firma de Patricia Bullrich, el subsidio tiene como base un fondo especial de $200.000 millones creado por el Decreto 238/2025. La ayuda está destinada a personas que residían en planta baja de viviendas inundadas, y puede alcanzar los 3 millones de pesos, dependiendo del nivel de afectación del barrio.
El beneficio contempla dos zonas:
- Zona 1 (afectación alta): subsidio de $3.000.000
- Zona 2 (afectación media): subsidio de $2.000.000
El pago se realizará por transferencia bancaria y requiere documentación que acredite la residencia efectiva y los daños sufridos.
Impacto fiscal: una inyección millonaria en una economía con déficit
Desde el plano económico, el SUR implica una inyección de liquidez en una ciudad golpeada, pero también un gasto fiscal relevante en un contexto de fuerte ajuste y promesas de equilibrio presupuestario. Mientras el Gobierno nacional recorta partidas en otras áreas sensibles, como obra pública o transferencias a provincias, el subsidio de reconstrucción se presenta como una excepción estratégica en el discurso libertario de austeridad.
Economistas críticos señalan que, si bien la asistencia directa es necesaria, la medida genera un mensaje contradictorio respecto al programa macroeconómico: se habla de reducción del Estado, pero se liberan partidas millonarias sin que se anuncien criterios claros de control, seguimiento o sostenibilidad.
Lectura política: reconstrucción con guiño electoral
Desde el punto de vista político, la temporalidad del anuncio y su despliegue no son inocentes. El Gobierno reglamenta el subsidio en plena campaña legislativa, justo cuando la ciudad de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires se convierten en distritos clave para definir el equilibrio del Congreso en octubre.
El operativo también fortalece la presencia territorial de Patricia Bullrich, figura clave de La Libertad Avanza, que busca ganar centralidad en la interna oficialista tras afiliarse al partido y ser mencionada como posible candidata. La firma del decreto y la gestión del programa desde su ministerio le dan visibilidad política y refuerzan su perfil de “mano dura con sensibilidad social”.
Además, al tratarse de transferencias directas y personalizadas, el Gobierno gana presencia y control sobre los beneficiarios, en una lógica que recuerda a viejas prácticas de clientelismo, aunque en versión modernizada y digital.
¿Ayuda genuina o populismo selectivo?
La iniciativa del SUR pone sobre la mesa una tensión constante en la política argentina: la necesidad real de asistir frente a catástrofes versus el uso de esos recursos como herramienta de construcción de poder. En ese sentido, mientras miles de familias agradecen un auxilio concreto para reconstruir sus vidas, otros sectores denuncian que la medida omite soluciones estructurales como obras hídricas, planes de urbanización o inversiones en infraestructura.
Además, surgen interrogantes sobre la equidad territorial: ¿por qué se activa un fondo especial para Bahía Blanca y no para otras zonas del país también afectadas por eventos climáticos extremos? ¿Cuál es el criterio para definir beneficiarios y montos?
Conclusión: el SUR como símbolo de un Estado selectivo y electoral
El Suplemento Único para la Reconstrucción es, al mismo tiempo, una herramienta de contención social y una jugada política con múltiples lecturas. En el corto plazo, ofrece alivio a quienes lo perdieron todo; en el mediano, permite al oficialismo reposicionarse en distritos clave, mostrar sensibilidad y ocupar la agenda con una narrativa de “Estado presente”, aunque selectivo y oportunista.
En un año marcado por ajustes, reformas y polarización, medidas como el SUR muestran que el Gobierno de Javier Milei no renuncia a intervenir, pero lo hace en función de su propio cálculo electoral.
