El lunes 27 de mayo, personas con discapacidad, sus familias y profesionales de la salud se manifestaron frente a la Casa Rosada para denunciar los recortes en prestaciones esenciales. A pesar de tratarse de una protesta pacífica, fueron reprimidos por fuerzas de seguridad que aplicaron el “protocolo antipiquetes”: bloquearon el paso, empujaron a manifestantes —incluidos padres, terapeutas y personas con movilidad reducida— y generaron escenas de violencia injustificada.
El reclamo principal apuntaba a la falta de pagos, la interrupción de terapias y el desfinanciamiento sostenido del sistema de atención a personas con discapacidad. Muchos denunciaron que, desde enero, la Agencia Nacional de Discapacidad no actualiza los aranceles, lo que paraliza tratamientos y servicios fundamentales como transporte o medicación.
La represión generó una fuerte indignación entre los manifestantes, quienes resaltaron la contradicción de un Estado que, en vez de garantizar derechos, responde con violencia. Organizaciones del sector pidieron que se declare la emergencia nacional en discapacidad y alertaron sobre el riesgo social y humano que implica este ajuste.
