El fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que declaró inconstitucional la designación por decreto de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo a la Corte Suprema, no solo apunta al Poder Ejecutivo, sino que deja al desnudo las complicidades, silencios y debilidades del Poder Judicial argentino. Con una advertencia directa, Ramos Padilla pidió un repudio institucional firme para evitar que se normalice una práctica que vulnera los principios más elementales de la división de poderes.
Un Poder Judicial en silencio ante una Corte designada por decreto
Pese a que el Senado rechazó los pliegos enviados por el presidente Javier Milei, el decreto 137/2025 que nombra a los jueces no fue derogado ni cuestionado por los principales actores del sistema judicial. Ramos Padilla lo denunció con claridad: permitir que un juez de la Corte sea designado “como un empleado del Poder Ejecutivo” rompe la arquitectura republicana de la Constitución y abre las puertas a que 300 cargos vacantes sean cubiertos por la misma vía inconstitucional.
La pasividad del Poder Judicial frente a esta situación no solo lo hace cómplice, sino que revela su deterioro institucional. Si un juez de la Corte Suprema, cuyas decisiones son definitivas, puede ser nombrado sin el aval del Senado, entonces la independencia judicial queda reducida a una ficción legal.
El antecedente que remite al pasado: un déjà vu del presidencialismo autoritario
Ramos Padilla también trazó un paralelismo con los años del menemismo, cuando la Corte fue copada por jueces afines al poder de turno. Aquel modelo de “mayoría automática” fue duramente criticado y combatido en la reforma constitucional de 1994, pero hoy parece renacer bajo un nuevo ropaje.
“La lógica del decreto para designar jueces es la misma del autoritarismo presidencialista”, sostuvo el magistrado. Y es precisamente esa lógica la que, lejos de ser enfrentada por los jueces actuales, encuentra una peligrosa tolerancia en los pasillos del poder judicial.
¿Dónde está el resto de la Justicia? La falta de reacción ante un hecho grave
Uno de los aspectos más inquietantes que plantea Ramos Padilla es la ausencia de posicionamiento del propio Poder Judicial. Ni la Corte, ni el Consejo de la Magistratura, ni las asociaciones de magistrados emitieron declaraciones contundentes. Ese silencio puede interpretarse como temor, desidia o acomodamiento al poder político.
“No basta con que el Senado rechace un procedimiento inconstitucional, también deben expresarse con claridad el resto de las instituciones”, exigió Ramos Padilla. La falta de respuesta institucional solo fortalece un precedente que puede ser utilizado en el futuro para capturar al Poder Judicial desde el Ejecutivo.
La estigmatización de jueces incómodos y la doble vara del poder mediático-judicial
En la entrevista, Ramos Padilla también apuntó contra los medios y sectores políticos que intentan desacreditarlo tildándolo de “juez K”, evitando discutir el contenido de sus fallos. “Es una forma de descalificar sin argumentos”, dijo, y recordó su formación política plural y su vínculo con referentes de derechos humanos como Alfredo Bravo y Chicha Mariani.
El juez también denunció la doble vara mediática y judicial: mientras a él lo acusan por tener convicciones democráticas, se omite hablar de los “jueces C”, en referencia a los vínculos entre magistrados, empresarios y medios como Clarín, que se hicieron evidentes en el escándalo de Lago Escondido.
Una Justicia que no protege a los vulnerables deja de ser Justicia
“Un juez debe tener convicciones con el sistema democrático”, afirmó Ramos Padilla, y subrayó que su tarea es garantizar la igualdad en los procesos judiciales, equilibrando la balanza entre los sectores más poderosos y los más vulnerables. Sin ese principio rector, el Poder Judicial pierde su legitimidad social y se convierte en un instrumento más del poder económico y político.
Conclusión: el Poder Judicial frente a su espejo
El fallo de Ramos Padilla no solo invalida una maniobra del Ejecutivo: interpela de lleno a un Poder Judicial que ha elegido callar. La gravedad institucional de los nombramientos por decreto exige mucho más que tibias reacciones; exige una Justicia con voz propia, con ética, con compromiso democrático. Si eso no sucede, el principio de independencia judicial quedará archivado, junto con tantas otras promesas constitucionales que hoy solo existen en los libros.
