Rodolfo Aguiar confirmó la medida ante la pérdida salarial del 40% en el sector público y la profundización del ajuste. El sindicalismo busca reconfigurar su rol frente a un gobierno que lo ignora deliberadamente.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización para el próximo jueves 22 de mayo, en rechazo al ajuste sobre el empleo público, los despidos masivos y la licuación salarial que afecta a miles de estatales en todo el país. La medida, que incluiría una protesta en el Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo, representa un nuevo punto de tensión entre los sindicatos y el gobierno de Javier Milei.
Ajuste, pérdida de poder adquisitivo y reacción sindical
“Con buenos modales no vamos a recuperar los salarios que el Gobierno nos robó”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en su cuenta de X. Según el gremio, el sector público sufrió una pérdida promedio del 40% de su poder adquisitivo en los últimos 16 meses. El reclamo no solo apunta a la parálisis de las paritarias, sino también al avance de despidos y congelamiento de vacantes, incluso en áreas críticas del Estado.
El conflicto sindical se da en un contexto de creciente tensión social y precarización laboral, donde la narrativa oficial insiste en demonizar al Estado y a los trabajadores públicos como parte del problema económico. Para ATE, esta lógica no solo erosiona derechos laborales conquistados, sino que desmantela capacidades esenciales del Estado nacional y provincial.
Un sindicalismo que se rearma en un nuevo escenario político
Lejos de mostrarse derrotados, los sindicatos intentan reorganizar su estrategia en un escenario inédito: un gobierno que prescinde del diálogo, desconoce los canales institucionales y promueve una política de confrontación directa con las organizaciones gremiales. El propio Aguiar lo sintetizó así: “Está claro que no alcanza con el diálogo y las notitas. Tenemos que salir a la calle y profundizar nuestro plan de acción para evitar que sigan destruyendo todo”.
En ese sentido, ATE también anunció un plenario conjunto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para articular acciones en común. La alianza entre sindicatos tradicionales y organizaciones de la economía popular marca un posible nuevo bloque de resistencia social que podría ganar volumen en los próximos meses.
Gobernadores entre la obediencia y el arrepentimiento
El ajuste fiscal, empujado por el acuerdo con el FMI, no solo golpea a los trabajadores nacionales. Según Aguiar, “el ajuste penetra en las provincias” y muchos gobernadores que acompañaron el oficialismo en el Congreso hoy están “arrepentidos”, al comprobar que la descentralización del ajuste les deja solo la gestión de la pobreza sin recursos ni respaldo político.
El nuevo pacto con el FMI —que implica más recortes en jubilaciones y menor inversión en áreas sociales— funcionó como catalizador de esta medida de fuerza. Para los gremios, el acuerdo simboliza la priorización de los intereses financieros internacionales por encima de los derechos laborales.
Una resistencia en pie: discurso y simbología
La semana pasada, Aguiar cerró un acto en Río Negro con una frase que sintetiza el espíritu de resistencia del sector: “Nos vamos a doblar, pero vamos a seguir en pie”. El mensaje, cargado de mística combativa, busca reafirmar el rol del sindicalismo como actor político frente al avance de una gestión que intenta invisibilizarlo.
La decisión de ATE de volver a las calles es también una señal para el resto de las centrales sindicales. En un contexto de desmovilización parcial de la CGT y fragmentación del bloque sindical, el paro del 22 podría convertirse en un nuevo termómetro para medir el clima social de cara al segundo semestre.
