El despliegue de casi 2.000 militares en la ciudad salteña de Tartagal, como parte de la Operación Julio Argentino Roca, marca un punto de inflexión en la estrategia geopolítica del gobierno de Javier Milei. Presentado como un refuerzo del Plan Güemes para el control fronterizo, el operativo implica no solo una profundización del rol militar en seguridad interior, sino también una redefinición de las relaciones entre el Estado argentino, su territorio y los países vecinos del norte.
Geopolítica de la frontera norte: entre la seguridad y la militarización
El corredor fronterizo entre Argentina y Bolivia es históricamente una zona de intenso intercambio informal y comercio transfronterizo. En un contexto de inflación desbordada y caída del poder adquisitivo argentino, miles de ciudadanos cruzan diariamente hacia Bolivia para abastecerse. El despliegue militar se traduce, en los hechos, en una militarización del tránsito popular, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y el contrabando.
Con el avance del Ejército sobre el norte argentino —incluyendo las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Corrientes y Misiones— el gobierno parece adoptar una doctrina de seguridad hemisférica promovida por sectores conservadores de la política estadounidense, basada en el control territorial interno mediante fuerzas armadas, una práctica que durante décadas fue cuestionada por organismos de derechos humanos.
Un realineamiento estratégico bajo lógica de “enemigo interno”
La llamada Operación Roca remite simbólicamente a la Campaña del Desierto y se inscribe en una lógica de ocupación militar del territorio nacional, más que en una estrategia defensiva tradicional. Bajo el Decreto 1112/24, el país ha sido dividido en “áreas estratégicas para el planeamiento militar conjunto”, una estructura que recuerda al modelo de zonificación territorial utilizado durante la última dictadura cívico-militar para la represión ilegal.
Según especialistas en derecho y defensa, esto representa una reinterpretación de las leyes de defensa, seguridad interior e inteligencia nacional, que legalmente impiden la intervención del Ejército en tareas de seguridad interna. La ampliación de funciones, como la posibilidad de detención en flagrancia por parte de las Fuerzas Armadas, instala un precedente peligroso de intervención militar sin conflicto bélico declarado.
Alianzas provinciales y ruptura del pacto federal
El operativo cuenta con el apoyo del gobernador salteño Gustavo Sáenz, lo cual ha desatado críticas por una supuesta cesión de soberanía provincial al poder militar central. En el plano federal, esta alianza entre Nación y gobiernos subnacionales para implementar operativos de control interno con fuerzas armadas implica una alteración del equilibrio entre poderes, favoreciendo un modelo centralizado, verticalista y militarizado del Estado.
Proyección regional y señal hacia Bolivia y Paraguay
Más allá del impacto interno, el despliegue también puede leerse como una señal geopolítica hacia Bolivia y Paraguay, países con los que Argentina comparte extensas zonas de frontera seca. La presencia militar permanente en la región no solo afecta a los pobladores locales, sino que también podría tensar las relaciones diplomáticas en una región ya atravesada por disputas por recursos, migración y rutas del narcotráfico.
En un contexto donde los discursos de soberanía, seguridad y orden cobran centralidad, la militarización del norte argentino refuerza un giro estratégico hacia una política de seguridad de frontera con criterios de guerra, y no de cooperación regional o desarrollo.
Un cambio de paradigma: del Estado social al Estado de control
El operativo no se limita a una intervención táctica, sino que forma parte de un cambio estructural en el rol del Estado. En lugar de responder con inversión social y desarrollo a las regiones históricamente postergadas, la respuesta es el despliegue de fuerzas armadas, drones, inteligencia y zonas de control. El paso del Plan Güemes a la Operación Roca representa, en términos simbólicos y prácticos, la consolidación de un nuevo modelo estatal: sin presencia social, pero con fuerte presencia militar.
Mientras se denuncian violaciones a derechos humanos y se evocan casos como el asesinato de Fernando Gómez en Orán, el Ejecutivo avanza con una doctrina de seguridad preventiva y castigo, que desplaza los derechos civiles y el federalismo en nombre del orden.
