La Justicia federal avanza en la investigación por el caso $Libra y acaba de solicitar información sobre los teléfonos del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros implicados en la promoción de la criptomoneda, que estalló como una estafa después de haber sido impulsada públicamente por el propio mandatario.
La causa está en manos de la jueza María Servini, quien busca esclarecer si existieron vínculos entre los funcionarios y los creadores de $Libra. La criptomoneda había sido mencionada por Milei en sus redes sociales el 14 de febrero, y desde entonces su cotización se disparó más de un 1200%, para luego desplomarse abruptamente, lo que generó grandes pérdidas a miles de pequeños inversores.
Además del pedido de información sobre los celulares de los hermanos Milei, la jueza también ordenó incautar los teléfonos de empresarios vinculados al caso, como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. El objetivo es rastrear contactos con Karina Milei y con Hayden Mark Davis, creador de la moneda digital.
También se requirió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados para seguir el rastro del dinero. En paralelo, los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro denunciaron penalmente a Karina Milei por presunto cohecho y tráfico de influencias, acusándola de haber facilitado reuniones entre el presidente y los promotores del proyecto cripto.
El caso, que también está siendo investigado en Estados Unidos por la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia, se analiza como una posible operación de fraude transnacional.
Pese a la magnitud del escándalo, el presidente Javier Milei decidió cerrar la Unidad de Tareas de Investigación creada para indagar este tema, lo que desató críticas de la oposición y de organismos judiciales. En un país acostumbrado a los casos de corrupción que quedan impunes, el cierre anticipado de esta unidad refuerza las sospechas de encubrimiento desde el poder.
