Mientras el gobierno de Javier Milei predica austeridad con el mantra de que “no hay plata”, el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, demuestra que el ajuste no es para todos. Con una lógica cada vez más militarizada, la gestión libertaria destinó cifras multimillonarias para sostener un aparato represivo que despliega con violencia creciente en las calles.
Sólo el operativo del 12 de marzo, cuando se reprimió brutalmente a jubilados y manifestantes frente al Congreso, costó casi $80 millones. Un número que equivale a más de 280 jubilaciones mínimas. Ese día, el fotógrafo Pablo Grillo fue gravemente herido por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por Gendarmería. Un mes después sigue internado en terapia intensiva.
Represión millonaria en medio del ajuste
En un contexto de salarios congelados, recortes en salud y educación, y un bono para jubilados que lleva más de un año sin actualizarse, el Gobierno sí encuentra recursos cuando se trata de equipar a las fuerzas de seguridad. Solo en los últimos meses, Bullrich gastó más de $1.000 millones en cartuchos de gas, granadas y lanzagas. A eso se suman más de $500 millones en equipamiento como máscaras antigas, escudos, tonfas y trajes antidisturbios.
Estos elementos fueron utilizados, según documentos oficiales, en el operativo del 12 de marzo, donde se desplegaron 1.266 efectivos. Una cifra comparable a la de un superclásico de fútbol, pero aplicada esta vez para reprimir a jubilados, trabajadores e hinchas de clubes que marchaban pacíficamente.
El material utilizado incluye cartuchos 38.1 mm con gases altamente irritantes, aerosoles de gas pimienta, balas de goma y granadas químicas. El cartucho que impactó en la cabeza de Grillo costó 169 dólares. En pesos de hoy, más de $196.000. Solo uno.
La represión como política de Estado
El gasto no termina en el armamento. El Ministerio de Seguridad también abrió una licitación para vestir y equipar a las fuerzas: trajes, cascos, escudos, bastones y máscaras de gas. Según la diputada Myriam Bregman, vestir completamente a un agente cuesta $1.074.404, lo que equivale a tres jubilaciones mínimas con bono.
El mensaje del gobierno es claro: mientras se desfinancia la ciencia, se paralizan obras públicas, se eliminan subsidios y se recortan partidas sociales, el Estado se fortalece para reprimir. Se trata de una elección política, no de necesidad económica.
Bullrich ha hecho de la represión un show permanente, con la venia de Milei. Un Estado que se retira de sus funciones básicas —salud, educación, cuidado de los más vulnerables— pero que se despliega con fuerza total para castigar la protesta. Un modelo de orden basado en la violencia institucional y financiado con fondos públicos, a espaldas del pueblo.
¿Quién responde por esto?
Ni el Gobierno ni Bullrich han informado cuántos cartuchos, balas de goma o granadas se usaron en la represión. Tampoco detallaron con precisión el presupuesto total destinado a estas compras, amparándose en que se trata de “gastos ordinarios”. Sin embargo, las cifras surgen de documentos oficiales y portales de compras públicas.
El caso de Pablo Grillo, cuya familia fue aceptada como querellante en la causa judicial, expone con crudeza los riesgos del endurecimiento represivo. Mientras Bullrich despliega su “mano dura” como marketing político, el saldo se mide en heridos, miedo y silencios oficiales.
En la Argentina de Milei, para pegarle a los que protestan sí hay plata.
