La Corte Suprema de Argentina confirmó el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su responsabilidad en la adjudicación irregular de 51 contratos de obras viales a Lázaro Báez durante su mandato (2007-2015). Este fallo marca un hito en la historia política del país, ya que es la primera vez que un expresidente enfrenta prisión con una sentencia firme de la Corte.
A sus 72 años, Kirchner solicitó cumplir la condena bajo arresto domiciliario en su residencia ubicada en San José 1111, en el barrio de Constitución, Ciudad de Buenos Aires. Su abogado, Alberto Beraldi, presentó el pedido al Tribunal Oral Federal N°2, argumentando que la exmandataria reúne los requisitos legales para el arresto domiciliario debido a su edad avanzada.
La decisión de la Corte ha generado una fuerte reacción en el ámbito político. El presidente Javier Milei celebró el fallo, mientras que el peronismo movilizó a sus bases en defensa de Kirchner, denunciando una persecución judicial y política. La expresidenta calificó a los jueces como un “triunvirato de impresentables” y sugirió que el poder económico está detrás del fallo. Además, analiza acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
