El Gobierno argentino ha convocado a las principales empresas productoras de aceite para solicitarles que pospongan un aumento del 9% en los precios previsto para mayo. Esta medida busca evitar un impacto adicional en la inflación y proteger el poder adquisitivo de los consumidores. La Secretaría de Comercio, encabezada por Pablo Lavigne, planea reunirse con representantes de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) para discutir la situación del sector y las políticas de precios. Esta intervención se produce después de que, en abril, las empresas intentaran aplicar incrementos de entre 9% y 12%, los cuales fueron rechazados por las cadenas de supermercados con el respaldo del Gobierno.
Las empresas aceiteras argumentan que el aumento es necesario debido al incremento en los costos de producción, especialmente por la suba del precio del girasol y las variaciones en el tipo de cambio. Algunas compañías ya habían planificado un ajuste del 5% antes de los cambios en el régimen cambiario, pero las condiciones actuales las llevaron a considerar una actualización mayor. A pesar de la resistencia de los grandes supermercados, las empresas lograron aplicar las nuevas listas de precios en cadenas regionales más pequeñas y mayoristas.
Actualmente, una botella de aceite de girasol de 900 mililitros cuesta alrededor de $2.500, mientras que la de 1,5 litros se vende entre $4.000 y $4.300, dependiendo de la marca. Un aumento del 9% elevaría estos precios a aproximadamente $2.725 y más de $4.300, respectivamente. El Gobierno ha intensificado su mensaje hacia los supermercados para que no acepten las nuevas listas de precios, buscando así contener la inflación, que en marzo fue del 3,7% y se espera que en abril también supere el 3%.
