Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 397/2025, publicado este martes, el gobierno de Javier Milei derogó una prohibición vigente desde 1995 y autorizó a “legítimos usuarios” civiles a adquirir y poseer armas semiautomáticas con cargadores de quita y pon, similares a fusiles o carabinas de uso militar. La norma, avalada por las firmas del presidente, el jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad, entró inmediatamente en vigencia y delega en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) la emisión de permisos especiales.
El decreto establece que la ANMAC podrá otorgar autorizaciones dentro de un “régimen de control especial”, sujeto a condiciones como acreditación de actividad deportiva. Es decir que, aunque se habilita el acceso a este tipo de armamento, los ciudadanos deberán demostrar un uso lícito y cumplir con los requisitos objetivos previstos por el organismo, que será el encargado del proceso de evaluación y seguimiento.
El Ejecutivo argumenta que la normativa anterior, dictada en 1995, ya estaba desactualizada y provocaba irregularidades, dado que muchos usuarios originales “fallecieron sin poder transferir” legalmente sus armas a herederos. La medida se inscribe en un paquete más amplio de desregulaciones —como la edad mínima, recortes de trámites— que han encendido el debate sobre los posibles riesgos para la seguridad pública.
