Por qué el “orden” de Patricia Bullrich deja heridos, ceguera y miedo en las calles
El protocolo de seguridad implementado por Patricia Bullrich no solo redefine el rol de las fuerzas federales, sino que expone un modelo de represión sistemática que deja víctimas concretas: personas con fracturas, traumas neurológicos y, en algunos casos, ceguera irreversible. A casi tres meses del brutal operativo del 12 de marzo frente al Congreso, las secuelas físicas y emocionales persisten, mientras la Justicia parece mirar hacia otro lado.
Las heridas detrás del “orden”
Jonathan Navarro, hincha de Chacarita y trabajador municipal, decidió sumarse a una movilización en defensa de los jubilados luego de ver cómo sus padres, adultos mayores, no podían cubrir sus medicamentos. La respuesta estatal fue una bala de goma que lo dejó ciego de un ojo. Desde entonces, atraviesa cirugías, insomnio, depresión y una vida limitada, mientras el Estado ignora su historia.
Según un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Navarro recibió un disparo antirreglamentario con un fusil lanzagases a corta distancia. Sin embargo, las causas judiciales avanzan a paso lento, empantanadas en una justicia que evita comprometer al poder político.
Cifras que alarman, rostros que duelen
En lo que va de 2025, la Comisión Provincial por la Memoria contabilizó 1.231 heridos por represión policial, una cifra que supera a la de todo el año anterior. En cada operativo se repite un patrón: uso desmedido de gases, golpes dirigidos al rostro, y fuerzas motorizadas operando como escuadrones de castigo.
El caso del abogado Matías Aufieri es paradigmático: fue alcanzado por una bala de goma mientras trabajaba como asesor legislativo. Perdió la visión de un ojo. “No buscan solo reprimir, buscan disciplinar”, denuncia. Su causa, como tantas otras, quedó empantanada en Comodoro Py.
Jubilados reprimidos, Estado ausente
Los ataques no distinguen edades. Beatriz Blanco, de 81 años, cayó violentamente al suelo tras ser empujada por un agente. Desde entonces, su salud empeoró. Va a las marchas con miedo, pero no deja de asistir. “Mi mamá está deprimida, pero sigue. Ya no puede caminar bien, pero resiste”, relata su hija.
El “Chúcaro” Ferreira, jubilado de 67 años, recibió un bastonazo en la cabeza. Desde entonces, vive medicado para el dolor y perdió ambos anteojos, que debió reponer con más del 25% de su jubilación mínima. “La violencia no es solo el golpe. También es tener que pagar lo que el Estado te niega”, dice.
Gases, golpes y silencio judicial
Los testimonios se repiten: dolor, traumas, secuelas. El gas pimienta, utilizado de manera masiva, deja efectos duraderos en personas mayores. Dolores musculares, problemas respiratorios y oculares, insomnio, ataques de pánico. Todo esto documentado por organismos como el CELS y la CPM, que impulsan querellas contra la ministra Bullrich.
A pesar de las denuncias, la Justicia responde con indiferencia. Causas que se frenan, jueces que se declaran incompetentes, fiscales que dilatan. La represión no solo ocurre en las calles, también se replica en la estructura institucional que debería proteger a las víctimas.
Una doctrina del miedo
Detrás del discurso de “orden”, el gobierno de La Libertad Avanza construye una doctrina del miedo. Las fuerzas actúan con violencia desmedida, no para disuadir, sino para sembrar terror. La represión ya no es una excepción: es política de Estado.
Los miércoles frente al Congreso son testimonio vivo de esta resistencia. Allí, jubilados, docentes, trabajadores precarizados y víctimas de la represión siguen movilizándose, aún con miedo, con bastones, con secuelas. Saben que no hay garantía de volver ilesos. Pero también saben que el silencio es cómplice.
