La “Causa Vialidad” es uno de los expedientes judiciales más resonantes y controvertidos en la historia reciente de Argentina, que ha tenido como principal acusada a la expresidenta Cristina Elizabet Fernández de Kirchner.
Este caso se centró en la investigación de supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). La acusación principal giraba en torno a la presunta “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”. Se investigaron los contratos de obra pública vial otorgados al empresario Lázaro Báez a través de sus empresas, principalmente Austral Construcciones. La Fiscalía sostuvo que hubo un esquema de direccionamiento de obras, sobreprecios y falta de controles que habría generado un perjuicio millonario al Estado. Se argumentó que los procesos licitatorios eran irregulares y que muchas de las obras adjudicadas no se terminaron o se realizaron de manera deficiente.
El caso llegó a juicio oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Tras un extenso proceso, en diciembre de 2022, el Tribunal condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, considerándola coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada.
La defensa de Fernández de Kirchner siempre sostuvo la inocencia de la expresidenta, denunciando lo que calificaron como “lawfare” o guerra jurídica, argumentando que el proceso judicial tuvo motivaciones políticas y que no se respetaron las garantías del debido proceso y la defensa en juicio. Desde la perspectiva de la defensa, se argumentó que el juicio estuvo viciado desde su origen, con una selección de jueces que no garantizaba la imparcialidad, y que la acusación carecía de pruebas sólidas que vincularan directamente a la expresidenta con las supuestas maniobras defraudatorias. Se insistió en que las decisiones sobre obra pública correspondían a instancias ejecutivas menores y que no existió una asociación ilícita para defraudar al Estado, defendiendo la legalidad de los actos de gobierno y la inexistencia de una afectación al erario público que pudiera atribuírsele.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia condenatoria, desestimando los recursos presentados por la defensa. Esta decisión final del máximo tribunal consolidó la pena impuesta en primera instancia, marcando un punto de inflexión en uno de los casos judiciales más emblemáticos y divisivos del país.
