Una enfermera fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de cinco recién nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba. La justicia determinó que Brenda Agüero inyectó sustancias letales a los bebés, provocándoles la muerte apenas minutos después de nacer, entre marzo y junio de 2022.
Pero lo que sucedió en ese hospital no fue un caso aislado ni un “accidente trágico”. Durante meses, los bebés murieron de forma sistemática sin que nadie encendiera una alarma. Ni las autoridades del hospital, ni el Ministerio de Salud de la provincia, ni el entonces gobierno de Juan Schiaretti reaccionaron a tiempo.
A pesar del patrón evidente de muertes, los primeros informes fueron minimizados, se ocultó información a las familias y se protegió más el nombre de la institución que la vida de los recién nacidos. El sistema de salud pública, lejos de proteger, encubrió.
Recién cuando la situación se volvió insostenible mediáticamente, se tomó intervención judicial. Pero los responsables políticos nunca fueron investigados. La entonces ministra de Salud, Gabriela Barbás, fue ascendida; la dirección del hospital fue removida, pero sin consecuencias judiciales.
El caso deja una herida profunda en la salud pública: cuando las alertas se silencian para evitar el “costo político”, las tragedias no son errores, son decisiones. Y las decisiones tienen responsables.
