El 3 de junio de 2015 marcó un antes y un después en la historia argentina con la primera marcha de “Ni Una Menos”, una respuesta masiva al femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada asesinada por su pareja. Este evento catalizó un movimiento que, en tan solo un mes, logró movilizar a miles de personas en todo el país, convirtiéndose en un símbolo de lucha contra la violencia de género y en una consigna política que resonó en todos los ámbitos de la sociedad.
Desde entonces, “Ni Una Menos” ha trascendido fronteras, inspirando movilizaciones en diversos países y generando un cambio en la percepción social sobre la violencia machista. Sin embargo, a pesar de la visibilización y los esfuerzos colectivos, las estadísticas siguen siendo alarmantes: en 2024, se registró un femicidio cada 37 horas en Argentina, y el 59% de las víctimas fueron asesinadas en sus propios hogares.
El movimiento también ha puesto en evidencia la falta de políticas públicas efectivas y la necesidad de una perspectiva de género en todos los niveles del Estado. A diez años de su surgimiento, “Ni Una Menos” continúa exigiendo justicia, equidad y la implementación de medidas concretas para erradicar la violencia de género en todas sus formas.
Hoy, más que nunca, el grito de “Ni Una Menos” sigue vigente, recordándonos que la lucha por una sociedad más justa y libre de violencias es una tarea colectiva y constante. La memoria de quienes ya no están y la esperanza de un futuro sin violencia nos impulsan a seguir adelante, alzando la voz por todas y todos.
A contramano de los avances impulsados por el movimiento feminista, el gobierno de Javier Milei ha desmantelado áreas clave dedicadas a la igualdad de género, la diversidad y la prevención de violencias. Con el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y el recorte de programas fundamentales como la Línea 144 y el acompañamiento económico para víctimas, se debilitan gravemente las herramientas del Estado para proteger a quienes más lo necesitan.
Esta regresión en materia de derechos no solo vulnera conquistas históricas, sino que pone en riesgo vidas en un país donde la violencia machista persiste como una emergencia urgente.
