En una decisión que polariza aún más el ya convulsionado escenario político argentino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha confirmado hoy la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Elizabet Fernández de Kirchner.
El máximo tribunal, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó de plano los argumentos de la defensa que apuntaban a graves violaciones de garantías constitucionales como el debido proceso y la defensa en juicio.La Corte parece validar un proceso que, para amplios sectores de la sociedad y del ámbito jurídico, estuvo plagado de irregularidades y sospechas de persecución política. La decisión cierra una vía de revisión que muchos consideraban fundamental para garantizar la imparcialidad judicial.
Este pronunciamiento ratifica la condena original del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 y la confirmación de la Cámara Federal de Casación Penal, procesos ambos fuertemente cuestionados por la participación de jueces cuya idoneidad e imparcialidad fueron puestas en tela de juicio desde el inicio.
La confirmación de esta condena, que inhabilita de por vida a una figura central de la política nacional, genera un inmenso impacto y enciende una luz de alerta sobre la salud democrática del país. En las últimas 24 horas, la tensión se había palpado en las calles y en el debate público, anticipando un fallo que, para muchos, es menos una cuestión de justicia y más una maniobra política con consecuencias profundas para la participación ciudadana.
Esta decisión de la Corte, lejos de apaciguar los ánimos, aviva las acusaciones de “lawfare” y plantea serios interrogantes sobre la independencia del poder judicial y su rol en la conformación del mapa político argentino, comprometiendo la plena expresión de la voluntad popular en futuras contiendas.
