La Cámara Federal de Mar del Plata declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la ley 27.609, aprobada en 2020, y ordenó recalcular los haberes utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El fallo surgió a partir del reclamo de una jubilada que no había recibido los bonos extraordinarios otorgados en los últimos años y cuyo poder adquisitivo se deterioró más del 50% durante la vigencia de esa fórmula.
Los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza señalaron que el mecanismo de ajuste vigente no protegió adecuadamente los ingresos de los jubilados frente a la inflación, y recordaron que el propio Gobierno reconoció oficialmente la pérdida del poder adquisitivo. Además, destacaron que los bonos destinados a los haberes mínimos no alcanzaron a todos los beneficiarios, agravando aún más la desigualdad entre jubilados.
Ante esta situación, el tribunal resolvió recalcular el haber de la demandante según la inflación medida por el Indec, siempre que esto le resulte más beneficioso. Esta sentencia podría abrir la puerta a nuevos reclamos similares y refuerza el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de movilidad jubilatoria en Argentina.
