El referente mapuche Facundo Jones Huala fue detenido el domingo por la noche en la terminal de ómnibus de El Bolsón. Está acusado de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del delito y asociación criminal, cargos que se basan en declaraciones hechas durante la presentación de su libro en febrero. Desde el entorno del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich vinculó nuevamente a Jones Huala con la RAM y lo calificó como una amenaza para la paz en el sur del país.
Los abogados de La Gremial, que representan al lonko, denunciaron que la detención fue parte de una maniobra política impulsada por el gobierno nacional y, en particular, por la ministra Bullrich. Aseguran que no existía una orden judicial válida al momento del arresto y que la acusación responde a una persecución por sus ideas políticas y su militancia indígena. Además, afirman que el proceso está plagado de irregularidades: no se les notificó oficialmente sobre los hechos que se le imputan, ni se les permitió acceso a la causa, que permanece bajo secreto hasta el 12 de junio.
Contexto de criminalización y discurso político
Durante su intervención pública en febrero, Jones Huala reivindicó acciones como sabotajes y ataques a infraestructuras como parte de la lucha mapuche contra intereses capitalistas y terratenientes, pero negó cualquier responsabilidad en los incendios forestales que azotaban la región en ese momento. La defensa sostiene que sus palabras fueron sacadas de contexto y utilizadas para reforzar un relato político que busca estigmatizar a los movimientos indígenas. Desde La Gremial acusan a la Justicia de aplicar un “Derecho Penal del Enemigo”, que criminaliza a personas por sus convicciones más que por actos concretos.
