La condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner no solo provocó una fuerte reacción interna en el sistema político argentino; también generó respuestas encendidas desde distintos puntos del mapa internacional, especialmente desde los sectores vinculados a la izquierda y el progresismo. En un contexto regional en el que el “lawfare” —la judicialización de la política— es una preocupación común entre líderes populares, los mensajes de solidaridad con la exmandataria funcionaron como un posicionamiento geopolítico y como denuncia de lo que interpretan como una estrategia continental de persecución.
Un respaldo que trasciende las fronteras nacionales
La reacción más contundente provino de Bolivia, donde el presidente en funciones, Luis Arce, calificó el fallo como una expresión del uso político del poder judicial para desarticular a las fuerzas populares. “Un evidente uso de la justicia para socavar las fuerzas de izquierda”, escribió, en línea con lo que desde hace años se denuncia como un patrón regional de “golpes blandos”.
En Cuba, el canciller Bruno Rodríguez fue directo: tildó la condena como un “acto de venganza y amenaza” contra Cristina Kirchner, en un mensaje que no solo solidariza con la exmandataria, sino que también refuerza el eje político que Cuba sostiene frente a lo que considera injerencia judicial y mediática en procesos democráticos latinoamericanos.
Desde Brasil, el pronunciamiento no llegó directamente del presidente Lula Da Silva, pero sí desde el Instituto Lula, que trazó un paralelismo con la propia historia judicial del líder brasileño. El comunicado cuestionó la imparcialidad del fallo, habló de “indicios de arbitrariedad” y criticó el uso de teorías jurídicas forzadas para responsabilizar a CFK. La lectura fue clara: Cristina no fue condenada por delitos concretos, sino para dejarla fuera del juego político.
Lawfare y Plan Cóndor 2.0: la narrativa de los expresidentes
Las figuras del progresismo regional también sumaron su voz. El exmandatario boliviano Evo Morales, él mismo víctima de persecución política y exilio, advirtió sobre una “reedición del Plan Cóndor”, esta vez no con militares, sino con jueces “al servicio de las oligarquías”. Morales enmarcó la detención de CFK como parte de una ofensiva sistemática contra liderazgos que desafían el poder económico concentrado. Su llamado a la “unidad y movilización del pueblo argentino” no solo es simbólico: propone una hoja de ruta regional para enfrentar el lawfare como fenómeno estructural.
El exiliado ecuatoriano Rafael Correa, también condenado por la justicia de su país en causas que ha denunciado como políticas, se expresó en términos similares: “¡Fuerza, Cristina! ¡Basta de lawfare! Derrótennos en las urnas”. Su mensaje refuerza la idea de una justicia instrumentalizada que reemplaza al voto popular como forma de excluir liderazgos.
Europa no fue indiferente: Podemos y el discurso del golpismo judicial
La repercusión también llegó a Europa, donde el partido español Podemos, que integra la coalición de gobierno de Pedro Sánchez, calificó lo ocurrido como un “golpe judicial”. Su secretaria general, Ione Belarra, habló de una “guerra sucia judicial contra dirigentes populares que nunca se vendieron al poder”, mientras que la eurodiputada Irene Montero fue más directa: “La quieren presa y fuera de la política”.
Lo llamativo de estas declaraciones es que, aunque surgen desde un país con una democracia consolidada y un sistema judicial relativamente estable, reconocen patrones similares en el uso político de la justicia, lo que confirma que el debate sobre el lawfare ya no es exclusivo de América Latina, sino parte de una agenda progresista global.
Un alineamiento regional que tensiona la relación con Argentina
La solidaridad expresada por estos dirigentes y exmandatarios no es menor: revela un alineamiento político-ideológico firme con Cristina Kirchner y deja en evidencia una grieta regional entre quienes interpretan la detención como un acto de justicia y quienes la ven como un intento de proscripción. En ese contexto, la Argentina de Milei, aliada con sectores conservadores y liberales a nivel internacional, queda enfrentada discursivamente con buena parte del progresismo latinoamericano y europeo.
El silencio o la cautela de otros gobiernos también es un dato político en sí mismo. Ninguna administración del Cono Sur, más allá de Bolivia o Cuba, se ha manifestado hasta el momento, lo que puede leerse como una tensión diplomática latente o una estrategia de prudencia frente a un hecho de alto voltaje político.
