Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°2 para que se elimine la obligación de presentar un listado previo de personas que quieran visitarla en su domicilio. Actualmente, la expresidenta cumple una condena a seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, con tobillera electrónica y varias restricciones que su defensa considera arbitrarias, ilegales y de neto corte político.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy solicitaron al tribunal —integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, los mismos que firmaron su condena en la causa Vialidad— que se le permita recibir visitas libremente, incluyendo referentes políticos, académicos y profesionales, sin tener que pedir permiso a la Justicia.
Además, denunciaron que ni siquiera a condenados por delitos de lesa humanidad se les imponen estas condiciones de vigilancia extrema. Subrayaron que exigirle a una persona en su hogar que avise con anticipación quién la va a visitar es una forma de aislamiento social y político, y que se trata de una medida excepcional que no responde a ninguna necesidad procesal ni de seguridad.
La defensa también reclamó que se aclare si puede salir al balcón de su departamento en Recoleta a saludar a manifestantes o simpatizantes. Aunque el tribunal había dicho informalmente que no lo tiene prohibido, aún no hay resolución escrita, lo que mantiene la amenaza latente de una posible sanción. Se trata, a su entender, de un hostigamiento judicial extendido, que continúa incluso después del fallo condenatorio.
Los abogados advierten que estas restricciones no están previstas en la ley ni se aplican de forma generalizada. Consideran que el Poder Judicial busca condicionar el vínculo político de Cristina Kirchner con la sociedad, cercándola simbólicamente y vulnerando sus derechos civiles más elementales.
