Tres jueces, dos portales y una pelea por el control simbólico del poder judicial argentino
La Corte Suprema de Justicia atraviesa una de sus crisis más profundas. Con solo tres jueces en funciones y sin consenso para nombrar nuevos integrantes, las internas judiciales se intensifican. El lanzamiento del nuevo portal Justicia.ar, impulsado por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, reavivó la histórica disputa con Ricardo Lorenzetti, que conserva el control del tradicional Centro de Información Judicial (CIJ).
Lo que aparenta ser una diferencia sobre herramientas de comunicación es en realidad una feroz lucha por el control institucional del poder judicial argentino. Mientras los expedientes se acumulan y los fallos se demoran, los supremos jueces pelean por quién maneja la narrativa pública del sistema judicial.
Justicia.ar vs. CIJ: la disputa por la voz oficial de la Corte Suprema
La Corte anunció el 24 de abril la creación de Justicia.ar, presentado como “el portal de la justicia argentina”. Según Rosatti y Rosenkrantz, el sitio busca mejorar el acceso a la información sobre el funcionamiento judicial en todo el país. Pero para Lorenzetti, este nuevo portal representa una amenaza directa a su bastión comunicacional: el CIJ, lanzado en 2008 durante su presidencia.
La pelea no es nueva. Desde que fue desplazado en 2018 por una mayoría conformada por Rosatti, Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, Lorenzetti ha resistido cada intento de sus colegas por quitarle influencia institucional. El control de los portales web judiciales es el último capítulo de una larga guerra interna.
Internas en la Corte Suprema: más política que justicia
En su disidencia a la resolución que aprobó Justicia.ar, Lorenzetti denunció el uso apresurado de recursos para crear nuevas oficinas y direcciones. Sugirió que la maniobra fue pensada como respuesta al fallido intento del gobierno de Javier Milei por designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte.
Aunque Lijo aún conserva su juzgado en Comodoro Py y García-Mansilla fue rechazado por el Senado, la jugada dejó al descubierto cómo las internas de la Corte se entrelazan con las ambiciones del Ejecutivo. Para Lorenzetti, la creación del portal es parte de ese entramado.
Justicia.ar y una memoria selectiva: sin juicios de lesa humanidad ni memoria histórica
Uno de los puntos más polémicos de Justicia.ar es lo que decide no incluir. En plena conmemoración del 40º aniversario del Juicio a las Juntas, el sitio omite cualquier referencia a las causas por crímenes de lesa humanidad, una de las políticas judiciales más emblemáticas de la democracia argentina.
Organismos como el CELS reclamaron esta omisión. Desde la Corte, prometen futuras actualizaciones, pero la ausencia fue leída como un gesto ideológico. Más aún, considerando que el portal depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional, en manos de Juan Pablo Lahitou, hombre de confianza de Rosenkrantz y exfuncionario del macrismo vinculado a la mesa judicial.
El trasfondo: quién gobierna el poder judicial argentino
La Corte Suprema hoy no actúa como un cuerpo colegiado. Es un tríptico dividido, con jueces que se vigilan, se contradicen y se obstaculizan entre sí. En vez de sentencias ejemplares o reformas estructurales, la atención está puesta en quién maneja qué portal, quién nombra qué funcionario, y cómo posicionarse frente a la sociedad y al poder político.
Lo que debería ser una política de transparencia y acceso a la justicia terminó revelando la fragilidad institucional del Poder Judicial. La ciudadanía reclama eficiencia, imparcialidad y justicia. Pero desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales, lo que se observa es una pelea por el relato, cargada de egos, rencores y ambiciones personales.
Conclusión: una Corte encerrada en su propio laberinto
La disputa entre Justicia.ar y el CIJ es mucho más que una pelea de vanidades. Es la muestra de un poder judicial en crisis, que no logra consolidar una autoridad legítima ni presentar una agenda común frente a los desafíos del país. La Corte, que debería ser la garante de los derechos y el equilibrio institucional, se convierte cada vez más en un actor político, replegado sobre sus internas y alejado de la ciudadanía.
Mientras tanto, se acumulan más de 90.000 expedientes sin resolución y el descrédito crece. La pregunta ya no es quién lidera la Corte, sino si la Corte todavía lidera algo.
