El procurador Eduardo Casal solicitó que se eleve la pena a 12 años de prisión por asociación ilícita. La Corte Suprema analiza los recursos y una recusación contra el juez Lorenzetti.
La Corte Suprema de Justicia se encuentra analizando la causa Vialidad, en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. El procurador general Eduardo Casal presentó un dictamen solicitando que se eleve la pena a 12 años de prisión, incorporando el delito de asociación ilícita.
La defensa de Fernández de Kirchner presentó una recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti, argumentando que sus declaraciones públicas sobre la necesidad de resolver el caso antes de las elecciones comprometen su imparcialidad. Lorenzetti solicitó a sus colegas que rechacen la recusación por improcedente y extemporánea.
La Corte tiene la opción de rechazar los recursos presentados, dejando firme la condena actual, o de abrir el expediente para revisar los planteos de la defensa y la fiscalía. La decisión podría tener implicancias políticas significativas, especialmente en relación con la posibilidad de que Fernández de Kirchner se postule a cargos públicos en el futuro.
