Cristina Kirchner fue notificada este martes, 17 de junio de 2025, de que queda formalmente detenida, aunque inmediatamente se le concedió arresto domiciliario en su residencia de San José 1111, Constitución, por el Tribunal Oral Federal 2. La decisión llega justo antes de una marcha masiva convocada hacia Comodoro Py, lo que genera suspicacias sobre los tiempos judiciales y su posible trasfondo político.
El fallo impone condiciones imprecisas que caen en la vaguedad institucional: la ex presidenta “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”, sin especificar qué acciones se consideran perturbadoras. Esa ambigüedad deja a criterio exclusivo del tribunal decisiones que afectan derechos fundamentales, una anomalía preocupante en un Estado de derecho que debería garantizar certezas jurídicas.
La resolución también restringe las visitas familiares y profesionales, obligando a Kirchner a presentar en 48 horas una nómina de visitantes autorizados, incluido cuerpo médico y abogados. Bajo la excusa de “evitar alteraciones”, esta exigencia equivale a monitorear a una persona que, aunque privada de libertad, debe mantener cierto grado de dignidad y privacidad en su domicilio.
Finalmente, la ex presidenta no podrá ausentarse de su domicilio salvo en “excepciones de fuerza mayor” debidamente justificadas y autorizadas por el tribunal. Una cláusula que, en la práctica, convierte su casa en una prisión selectiva sin supervisión clara ni límites precisos, cuestionando la supuesta humanidad y proporcionalidad del sistema judicial.
