En una nueva muestra del rumbo que ha tomado Aerolíneas Argentinas bajo el actual gobierno, la empresa estatal anunció el cierre de 17 oficinas comerciales en abril y otras dos en mayo. Esta decisión, presentada como parte de un “proceso de modernización”, responde en realidad a un fuerte recorte de gastos que prioriza el achicamiento por sobre el servicio y la presencia federal de la aerolínea.
Las oficinas que cerrarán están distribuidas en distintas provincias, muchas de ellas alejadas de los grandes centros urbanos: Ushuaia, Jujuy, Formosa, Río Gallegos, entre otras. Solo quedarán operativas las sedes de Córdoba y Mendoza. Si bien la empresa asegura que los trabajadores serán reubicados en aeropuertos, esta medida impacta en la atención presencial, especialmente para quienes no cuentan con acceso fluido a herramientas digitales o necesitan asistencia personalizada.
Desde la compañía celebran que el 2024 cerró con un resultado económico positivo y una reducción de la planta de personal del 15%. Sin embargo, detrás de los números se esconde una lógica de ajuste que se traduce en menos puestos de trabajo, menor presencia territorial y un modelo de empresa estatal cada vez más debilitado, con miras a una posible privatización.
Lejos de fortalecerse como herramienta estratégica de integración regional, Aerolíneas Argentinas parece encaminarse hacia una reducción drástica de su alcance y funciones. Bajo la excusa de la digitalización y la eficiencia, se desmantela una red construida durante años, sin contemplar el valor simbólico, económico y social que tiene para muchas comunidades del interior.
