Tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner quedó oficialmente inhabilitada para ocupar cargos públicos. Aunque el fallo de la Corte Suprema es definitivo dentro del sistema judicial argentino, su defensa busca revertir esta situación a través de organismos internacionales. ¿Cómo funciona esta estrategia y qué posibilidades reales tiene?
📌 Un fallo que cierra la vía judicial local
La Corte Suprema dejó firme la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta, sin emitir una opinión detallada. Usó un mecanismo llamado artículo 280, que le permite rechazar tratar un caso sin dar fundamentos. Este recurso, aunque legal, deja al expediente sin una revisión profunda del máximo tribunal, lo que generó fuertes críticas dentro y fuera del peronismo.
Cristina y su equipo jurídico sostienen que esto configura una proscripción política disfrazada de sentencia judicial. Es decir, una maniobra para impedir que pueda volver a ser candidata.
🌎 El nuevo escenario: tribunales internacionales
Como ya no hay herramientas legales dentro del país para apelar el fallo, la defensa encabezada por Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Allí expusieron que Cristina fue víctima de una persecución judicial y política, lo que en la jerga jurídica se conoce como lawfare.
También planean acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo clave que puede emitir recomendaciones a los Estados cuando detecta violaciones al debido proceso o a derechos políticos.
⚖️ ¿Qué buscan lograr?
La defensa apunta a que alguno de estos organismos internacionales emita una recomendación formal al Estado argentino para que revise la condena. Aunque estas recomendaciones no tienen fuerza de ley en el país, la Constitución y las reformas judiciales recientes les dan un peso importante: si la CIDH señala que hubo violaciones, la Justicia argentina debería reabrir el caso para revisarlo.
Dalbón citó un artículo del nuevo Código Procesal Penal Federal (el 366 inciso F), que establece que una recomendación de un organismo internacional puede habilitar una revisión judicial de una condena firme.
⏳ ¿Cuándo podrían aparecer resultados?
No será rápido. El propio Dalbón estima que podría haber alguna novedad en un año, aunque no se trata de una sentencia definitiva, sino de una recomendación que reabra la discusión. No es imposible: el caso del expresidente brasileño Lula da Silva es un ejemplo cercano. Fue condenado y excluido de las elecciones de 2018, pero tres años más tarde la Corte Suprema de Brasil anuló la sentencia y en 2023 fue electo presidente.
🌐 Una región marcada por el lawfare
La estrategia de judicialización de líderes populares no es nueva. Además de Lula, otro caso resonante es el del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, exiliado en Bélgica tras enfrentar una seguidilla de causas que considera arbitrarias. “No solo nos quitan derechos, nos roban la democracia”, dijo Correa, en sintonía con lo que denuncia el kirchnerismo.
📣 El trasfondo político
Más allá de lo jurídico, el fallo se lee como un golpe político profundo. La figura de Cristina sigue siendo central en el electorado peronista. Impedirle competir equivale, para muchos de sus seguidores, a una alteración de la voluntad popular por vía judicial. La movilización en la calle tras el fallo fue una muestra de que esta discusión está lejos de cerrarse.
